miércoles, 29 de agosto de 2012

EL PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DEL PP


El  Consejo   de Ministros    aprobó, el pasado     27 de Julio, el  Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para su envio al Congreso. 

 

 España es de los pocos países europeos sin una Ley de Transparencia.  El PSOE incumplió, reiteradamente, su promesa electoral de aprobarla, y ha sido el PP quien ha abanderado la misma.


La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha durado  más de cinco meses. Durante este tiempo,   el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública, que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas.

Sin embargo, los pocos cambios  incorporados al proyecto   no  satisfacen  las demandas  de los colectivos pro   transparencia,   ni de los organismos internacionales, destacando, en ese sentido, el informe negativo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

Una  Ley de Transparencia debiera ser   una ley que permita, a    cualquier persona, acceder a la  información en manos de  las instituciones públicas, y de organizaciones y empresas privadas que realicen funciones públicas, y/o que se financien  con fondos públicos. 

Un derecho ineludiblemente  vinculado al propio concepto de democracia, que permita a los ciudadanos una comprensión ilustrada de las decisiones publicas, un control de la agenda política y una participación efectiva. Sin transparencia, la democracia representativa deja de ser democracia, se convierte en una farsa, al servicio de elites políticas y burocráticas, que se reparten el poder en  base a negociaciones particulares.

Según el proyecto   “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española.” Este artículo establece el derecho  del   acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Una   reforma profunda, requeriría elevar ese derecho a la categoría de derecho fundamental, con un reconocimiento explicito en la Constitución,   ya sea de forma autónoma o vinculado al derecho  a la información.  

 La transparencia  debe se entendida como derecho a saber, a acceder a toda la información socialmente disponible, tanto pública como privada, y a conocer la verdad de los hechos. Está vinculada al  derecho a la información,   recogido en el artículo 20 de la CE, pero va más allá del mismo.

 El derecho a la  transparencia, debe   ponerse en pie de igualdad con otros derechos fundamentales, con los que puede colisionar, tal como el  derecho al honor, a la  intimidad personal y a la propia imagen. No se puede reducir la transparencia, en ningún caso, al ámbito de lo público, ya que la falta de transparencia es generalizada en la sociedad. 

En cuanto al  ámbito de aplicación  previsto en el texto propuesto,  se excluye del mismo a la monarquía, a la justicia, al congreso y el senado,  a los partidos políticos, sindicatos  y  asociaciones empresariales, a los bancos intervenidos, o que reciben ayudas públicas,  y a las empresas con participación estatal menor del 50%, a pesar de su carácter público.

El proyecto, limita el acceso a la   información a la que se puede acceder. Excluye toda información que pueda perjudicar a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, así como la información que perjudique a la prevención, investigación y sanción de los actos ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Las excepciones están redactadas de forma genérica, vaga, permitiendo su  interpretación discrecional por los funcionarios y jueces. La Ley debiera estar basada en el principio de máxima divulgación, y estar sujeta a un sistema restringido de excepciones, cosa que no hace. Las excepciones deberían aplicarse solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público.
 
Las excepciones no pueden convertirse en la norma, y tal como está el proyecto, conociendo la opacidad política y funcionarial existente en España, es muy probable que  así sea.

En cuanto a la tramitación de la solicitud de información, se exige una identificación de la persona interesada, lo que resulta inadecuado, si la petición no se refiere a datos personales de otros ciudadanos, ya que la identificación puede dar lugar a represalias por parte de los funcionarios y políticos, sobre todo en los ayuntamientos.

Se  regula también un listado de causas de inadmisión de las solicitudes, que incluye  “información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.”

 En la práctica, se excluye del concepto de información a una gran variedad de documentos, que están en manos de la administración, y que son propiedad de todos. El texto contraviene el artículo 1.b del Convenio del consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que se  definen como “toda información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas”. El Convenio no hace diferencias entre los tipos de documentos.

La administración se sigue refugiando en el silencio administrativo, en no contestar a la petición, lo que es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar las denegaciones de información.

 Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso,  se podrá interponer una reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con carácter potestativo y previo a su  impugnación en vía contencioso- administrativa. Esta agencia, de nueva creación, estaría  adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y su objeto es la promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del derecho de acceso a la información así como la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado.

 El Presidente de la Agencia sería  nombrado por un período de cuatro años, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,  previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podría vetar el nombramiento

Esta Agencia no será  independiente. El PP tiene mayoría absoluta, y  ya tenemos la  experiencia del uso partidista de  TVE, como ejemplo de su política  sectaria. Lo razonable es que sea una agencia independiente  y que su   director sea nombrado y cesado por el Congreso, por  una mayoría cualificada.

En resumen,  el proyecto de ley  impulsado por el Partido Popular, de ser aprobado como está actualmente, se convertirá en una ley más, con un impacto limitado, y no permitirá avanzar hacia una democracia de calidad, donde la transparencia de la actividad pública y privada sea un derecho fundamental de los ciudadanos, y un instrumento para luchar contra el poder arbitrario y la corrupción.



viernes, 25 de mayo de 2012

LA CRISIS Y LA POLITICA DEL GOBIERNO

Transcurridos varios meses desde las elecciones, la actuación del gobierno del PP, claramente contraria a sus promesas electorales, pone de manifiesto el fraude llevado a cabo en las mismas.

La situación  económica, política y social, se degrada  cada día que pasa. El paro, tanto el registrado en las oficinas de empleo, como el detectado en las encuestas de población activa, sigue aumentando. También el número de personas y familias sin ningún tipo de ingreso.

Los que aún conservan el empleo sufren una caída de los salarios, que les dificultan el pago de las deudas contraídas, fundamentalmente las hipotecas de las viviendas, aumentando la morosidad y los desahucios.

La crisis provocada por el endeudamiento de las empresa y de las familias, al calor de la burbuja  inmobiliaria, crisis provocada por los bancos, y el sistema de crédito capitalista, tiene pocas salidas, si lo que se pretende es volver a la situación anterior.

La existencia de la moneda única, la especulación  con los títulos de deuda pública, la política de austeridad a ultranza y los intereses contradictorios entre los países de la Unión Europea, hacen difícil vislumbrar una mejora de la situación.

Las promesas de futuro  de los  gobernantes, y de la oposición socialdemocrata, están ligadas a una vuelta al crecimiento, a la situación previa, que la mayoría de la población, acrítica con el sistema, añora.

Un crecimiento que se vincula a un aumento de las exportaciones, a la mejora de la competitividad, que se conseguiría mediante un descenso brutal de los salarios de los trabajadores.

Rechazamos esta visión de la crisis y apostamos por una política de cambio efectiva. Por reformas que de verdad se merezcan ese nombre.

Una política que tenga  como ejes fundamentales, en estos momentos,  los siguientes:

1. Una reforma fiscal justa, combatiendo el fraude fiscal , y aumentando la presión sobre el capital y las rentas altas, la única alternativa al endeudamiento.  Al mismo tiempo, debemos exigir a la UE medidas efectivas para combatir la especulación con la deuda pública española. Si los países de la UE que están en mejores condiciones no asumen sus responsabilidades, de ayuda a los más débiles, somos partidarios de replantear nuestra pertenencia a la misma.

2. Un reparto del empleo, acabar con las horas extras, y disminuir la jornada laboral, de tal forma que aumente el numero de personas con trabajo.

3. Garantizar una renta mínima a las personas sin empleo, así como el mantenimiento de las prestaciones de los servicios públicos.


4. Solucionar el problema de las personas que no pueden afrontar el pago de la deuda hipotecaria para la vivienda habitual. Somos partidarios de  que se pueda saldar la deuda devolviendo la vivienda, y/o que el Estado establezca una cancelación de la deuda que sobrepase el precio de mercado de la vivienda.

5. La oposición a la nacionalización de las perdidas de los bancos, y la utilización de esos recursos  para financiar las ayudas a los desempleados. Rechazamos que España aumente el gasto público para salvar a los accionistas de los bancos, y que la garantía de los depósitos sea responsabilidad del estado.

6. La retirada de toda la legislación  impuesta por el PP


7. El impulso de una verdadera  Ley de Transparencia, que permita luchar con eficacia contra las mentiras y la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad.

8. La reforma electoral, la convocatoria de nuevas elecciones generales y un referendum para decidir  la salida de la unión monetaria

miércoles, 4 de enero de 2012

LOS RESULTADOS ELECTORALES Y EL NUEVO GOBIERNO

El pasado 20 de Noviembre se celebraron las elecciones generales en España. 

De un censo de 34.952.313 personas, acudieron a votar 24.590.557, un 71.69%. Hubo un aumento de la abstención, del voto en blanco y del voto nulo.

El partido Popular obtuvo 10.830.693 votos. Esto representa un 30. 95 % del censo y un 44.62 % del total de votos emitidos.

Con estos resultados el PP obtuvo mayoría absoluta en el congreso y en el senado, y ha empezado a gobernar.

Estos resultados ponen de manifiesto el anti democrático sistema electoral español.

Un fraude, un gobierno ilegitimo, cuyas primeras medidas ponen de manifiesto el papel de los programas electorales. 

Engañar a los ciudadanos ingenuos  que se creen las promesas que los partidos del sistema les hacen. 

Ante esta situación solo cabe la movilización ciudadana, por una democracia real y en contra las élites políticas y económicas.

viernes, 23 de septiembre de 2011

CONTRA LA FARSA DEL 20N. ABSTENCIÓN ACTIVA.BÓTALOS

El  próximo 20 de Noviembre se celebran elecciones generales en España. Por primera vez, desde el inicio de la democracia, los partidos minoritarios tendrán que recoger avales del 0.1% del censo electoral para poder presentar candidaturas. 

Reiteramos nuestra opinión de que este requisito es un golpe a la democracia, impulsado por el PSOE y el PP, con el objeto de ahogar las voces criticas y apuntalar el   régimen corrupto que sufrimos.

No satisfechos con la financiación publica de que disponen, y de la que no dan la más mínima explicación, de las donaciones ilegales y comisiones, y con el acceso privilegiado a los medios de comunicación, pretenden acabar con toda muestra de discrepancia.

No consideramos  legítimos los resultados que surjan de estas elecciones. Unas elecciones, donde la participación se esgrimirá como una aval a la política  que están llevando  a cabo. Una política dirigida a desmantelar el sector público, y recomponer la tasa de ganancia de la clase empresarial. 

No participaremos  en esta farsa y llamamos a los ciudadanos a no acudir a votar. 

La única posibilidad de frenar sus políticas es la movilización en la calle. Es aquí donde es imprescindible la unidad de las fuerzas políticas  alternativas. Unidad que no se ha querido en el terreno electoral.

Hacer creer a los ciudadanos que las elecciones van a servir para mejorar la situación económica es un error.


La desesperación popular, en este escenario de bipartidismo, desplazará el voto a la derecha más rancia, y solo servirán para legitimar medidas aún más antipopulares.

Contra la farsa democrática, abstención. No les votes.Bótalos

viernes, 19 de agosto de 2011

LAS ELECCIONES DEL 20N, UN GOLPE A LA DEMOCRACIA

El PSOE ha convocado las elecciones generales para el 20N. Su fracaso político, en la gestión de la crisis económica y social  que atraviesa España, les ha obligado a adelantar las mismas.

Su apego a las políticas impuestas por los mercados financieros no ha frenado las consecuencias de la crisis, siendo España el país con el nivel de desempleo mayor de Europa. Triste balance de gobierno  para un partido que se dice socialista.

Pero el daño que el PSOE y sus lacayos ha causado a la democracia española no puede entenderse sin el cambio en la Ley Electoral, pactado con el PP, para reforzar el bipartidismo.

La exigencia a los partidos políticos de recoger el 0.1% de avales  del censo, en cada circunscripción, para poder presentar listas electorales, tiene como objetivo impedir que los ciudadanos voten en libertad. Ahogar las voces criticas con el sistema. No les importa el retroceso que eso supone en los procesos electorales en España.

Creemos que este cambio en la Ley electoral es anticonstitucional. No esperamos nada, por supuesto, del Tribunal Constitucional y otras Instituciones, como la Junta Electoral Central, donde los lacayos de los partidos del sistema ejercen su función.

No consideraremos legítimos los resultados electorales que surjan de las próximas elecciones. La desigualdad entre los partidos y el desprecio a la libertad  de voto de los ciudadanos son una vuelta de tuerca antidemocrática más de este régimen corrupto.

Desde el PTD nos esforzaremos en denunciar esta situación, y en trabajar por una alternativa unitaria de las organizaciones y ciudadanos/as que trabajan por la Transparencia y la  Libertad

sábado, 18 de junio de 2011

SOBRE EQUO

El Partido de la Transparencia Democrática busca la unidad de todas aquellas personas que luchan por la Transparencia, la Ecología,  la Equidad y los Derechos Humanos. 
En este sentido, la convergencia de múltiples partidos y personas en torno al Proyecto EQUO, es un paso importante en la construcción de una alternativa verde y transparente  estatal, que tenga  posibilidades de llegar a las instituciones. 
Nuestros fines coinciden, en muchos aspectos, con los del Proyecto EQUO, impulsado por el Partido Verde Europeo, aunque consideramos que se debe priorizar el componente democrático radical en cualquier alternativa real de cambio.
Existen aún varios interrogantes en el proyecto EQUO. En primer lugar, la unidad no alcanza al conjunto de partidos verdes existentes actualmente en España.
Por otro lado, parece que la marca no estará presente como tal en todo el Estado, debido a los acuerdos existentes  con ICV, y otros partidos y coaliciones. No parece razonable aceptar que haya nacionalidades de primera y de segunda clase.
Por último, se trabaja con la idea de la desaparición política de los partidos que se federen, cosa que en nuestro caso   no aceptamos. Los partidos federados, aunque no tengan cuotas, deben mantener su capacidad de expresar sus opiniones, interna y externamente. No vamos a aceptar un partido estatal "unitario" controlado desde Madrid y/o Barcelona. Desde luego esa no es una formula organizativa novedosa.
Estos interrogantes, e inconvenientes, nos impiden sumarnos al proceso de unidad, en estos momentos.   Seguiremos apostando por la construcción de una alternativa    unitaria de carácter estatal, que supere las insuficiencias que vemos en el proyecto EQUO, sin menoscabo de las alianzas electorales que  podamos hacer en los territorios en que coincidamos.


sábado, 28 de mayo de 2011

SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS

El PTD concurrió a las elecciones en solitario en el Municipio de Moya(Gran Canaria), y bajo las siglas de Los Verdes en el resto de circunscripciones de Canarias.

Los verdes aumentaron alrededor de 1000 votos en Canarias, de 17.793 a 18.777. Un resultado muy discreto para el esfuerzo realizado.

En cuanto a nuestra candidatura municipal en Moya, obtuvimos el 2.43% de los votos.

Con respecto a nuestra  valoración global de los resultados electorales,  debemos afirmar que son un retroceso para la causa de la justicia, de la ecología y de la transparencia.

El apoyo de un sector importante de la ciudadanía a los políticos corruptos y a las políticas antiecológicas y antisociales, representadas por el Partido Popular, el PSOE,  y los nacionalismos, ponen en evidencia que es difícil cambiar la sociedad desde el ámbito institucional.

Un sistema electoral injusto y arbitrario, consensuado por el  PSOE y PP, basado en  el privilegio de acceso a los medios de comunicación, y a la financiación de las campañas, les reproduce en el poder.

Estos   partidos quieren  impedir la aparición de nuevas opciones políticas. Para ello han realizado   un cambio en la Ley Electoral que nos exige recoger los avales del  0.1% del censo para poder presentarnos al Parlamento. 

Este panorama  exige la búsqueda de la unidad a los queremos un cambio real en la sociedad.

Una unidad  sobre bases políticas solidas, para intentar movilizar a los sectores más críticos de la ciudadania, que en estas elecciones ha optado, en parte, por el voto en blanco y la abstención.

A ello dedicaremos nuestros esfuerzos.