martes, 29 de julio de 2014

LA SITUACION POLITICA Y EL NUEVO CICLO ELECTORAL

Los resultados de las elecciones europeas han precipitado los acontecimientos políticos en España.

La pérdida de votos del PP y el PSOE, que no consiguieron alcanzar juntos el 50% , y el aumento de votos de Izquierda Unida y Podemos, han supuesto una señal de alarma para los sectores políticos y económicos beneficiarios de la actual situación.

La respuesta más inmediata ha sido el cambio en la jefatura del estado, con la abdicación del rey, y la designación de un nuevo  monarca.

El desprestigio de la monarquía, por los episodios de corrupción que la rodean, explica la rapidez de los cambios.

Rápida ha sido también la respuesta del PSOE, con el nombramiento de un nuevo secretario general, sin modificar su política, y con la permanencia de  los mismos dirigentes de siempre en la ejecutiva y en el comité federal. Un cambio que no se puede considerar ni tan siquiera cosmético, dirigido a evitar que continúe su sangría de votos en las próximas citas electorales.

Por parte del PP la respuesta a su disminución de votos ha sido nula. Todo se confía a la mejora de la situación económica y de las cifras de desempleo. Cuenta a su favor el ser en la practica el único referente electoral de la derecha, su defensa de la españolidad, y la fragmentación de la izquierda.

El mayor factor de inestabilidad del régimen es el desafío independentista catalán, que en cualquier caso es probable que perjudique más a las  fuerzas  de izquierda que al Parido Popular.

Como factores positivos, desde el punto de vista ciudadano, debemos considerar el aumento de votos de Izquierda Unida y, sobre todo, la aparición de Podemos.

Esta fuerza política está suscitando grandes esperanzas de un sector de la población, y parece ser la  que está en mejores condiciones de arrebatar apoyos electorales al PP y al PSOE.

 Compartimos su visión transversal de la política (no centrada en el eje derecha -izquierda), su impulso a la participación a través de Internet, y la mayor parte de su programa.

Izquierda Unida, a pesar de los buenos resultados electorales de las europeas, es una organización menos ágil, con un perfil ideológico marcadamente de izquierdas (su propio nombre), y con más problemas internos, por lo que es difícil que pueda liderar, por si sola, una alternativa mayoritaria.

Las organizaciones pequeñas, con poca implantación, a pesar de ser núcleos de reflexión política importantes,  estamos imposibilitadas para ser referentes electorales significativos, y probablemente podemos realizar la misma actividad a través de asociaciones sociopoliticas.

Nuestra experiencia en las elecciones europeas, a través de la Agrupación Electoral Recortes Cero, a pesar de permitirnos acercarnos a sectores de la militancia política muy valiosos, trabajadores y generosos, fue un fracaso electoral.

Persistir en la misma política, además de contribuir a la fragmentación de los sectores populares, es un esfuerzo ineficaz.

Por ese motivo, creemos que debemos avanzar hacia la unidad con otras organizaciones, que puedan conseguir el respaldo electoral necesario para  forzar un cambio político, en la medida que las mismas  faciliten nuestra integración.

A ese proceso de búsqueda de la unidad dedicaremos nuestros esfuerzos en el próximo periodo, teniendo como referencia la defensa de la transparencia, a todos los niveles de la sociedad.

Los Promotores del PTD



martes, 11 de marzo de 2014

ELECCIONES EUROPEAS:LLAMAMIENTO A APOYAR EL PROYECTO RECORTES CERO

El próximo mes de 25 de Mayo se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo.

Para las organizaciones de menor implantación es dificil presentar candidaturas propias, ya que el PP y el PSOE se han encargado de hacer una Ley Electoral para excluirnos, exigiendo 15.000 avales.

Para hacer oir nuestra voz, es necesaria la unidad. Se puede realizar a través de coaliciones o mediante el impulso de agrupaciones electorales.

Lo razonable, en estos casos, es que la comisión promotora integre a todas las organizaciones que las impulsen.

La elección de candidatos, si se quiere hacer participativa, se debe realizar a través de elecciones abiertas, donde tanto las personas individuales como los candidatos de los partidos tengan las mismas posibilidades.

El programa electoral debe ser elaborado participativamente. La lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia debe ocupar un lugar central.

En este momento existen diversas iniciativas a nivel estatal, y no ha sido posible el acuerdo e  integración en una sola candidatura. 

No todas tienen la misma responsabilidad. No todas anteponen las marcas y los candidatos a la unidad.

Es el caso del proyecto de Agrupación Electoral Recortes Cero, donde están confluyendo personas individuales y partidos políticos, sobre una base de igualdad.

Por este motivo, apoyamos este proyecto, y hacemos un llamamiento a los ciudadanos a participar en el mismo.




http://www.recortescero.es

domingo, 14 de julio de 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DEBE SER INVESTIGADO

Las revelaciones aparecidas en la prensa española, sobre las relaciones del presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, con el tesorero del Partido Popular, hoy en prisión preventiva, no dejan lugar a dudas.

El señor Rajoy ha defendido, en público y en privado, al señor Bárcenas, a pesar de conocer de primera mano las conductas delictivas que le han enviado a prisión.

La financiación ilegal del PP, incluida la última campaña, el cobro de comisiones, y el enriquecimiento de, al menos una parte, de su cúpula directiva, son hechos muy verosímiles.

En estas condiciones, en medio de una crisis económica e institucional sin precedentes,  es inaceptable la continuidad del gobierno del señor Rajoy.

No solo debe dimitir. debe ser investigado judicialmente.

Debe formarse un Gobierno Provisional, encabezado por una persona libre de sospechas, que conduzca los destinos de España hasta unas nuevas elecciones.

Previamente, y como requisitos indispensables, se deben modificar la ley electoral y la ley de financiación de los partidos.

Igualmente, se debe consultar a los ciudadanos, sobre dos asuntos básicos: la permanencia en la unión monetaria y la reforma de la constitución

Con estos objetivos, llamamos a los/as ciudadanos/as a una movilización permanente.

miércoles, 29 de agosto de 2012

EL PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DEL PP


El  Consejo   de Ministros    aprobó, el pasado     27 de Julio, el  Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para su envio al Congreso. 

 

 España es de los pocos países europeos sin una Ley de Transparencia.  El PSOE incumplió, reiteradamente, su promesa electoral de aprobarla, y ha sido el PP quien ha abanderado la misma.


La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha durado  más de cinco meses. Durante este tiempo,   el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública, que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas.

Sin embargo, los pocos cambios  incorporados al proyecto   no  satisfacen  las demandas  de los colectivos pro   transparencia,   ni de los organismos internacionales, destacando, en ese sentido, el informe negativo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

Una  Ley de Transparencia debiera ser   una ley que permita, a    cualquier persona, acceder a la  información en manos de  las instituciones públicas, y de organizaciones y empresas privadas que realicen funciones públicas, y/o que se financien  con fondos públicos. 

Un derecho ineludiblemente  vinculado al propio concepto de democracia, que permita a los ciudadanos una comprensión ilustrada de las decisiones publicas, un control de la agenda política y una participación efectiva. Sin transparencia, la democracia representativa deja de ser democracia, se convierte en una farsa, al servicio de elites políticas y burocráticas, que se reparten el poder en  base a negociaciones particulares.

Según el proyecto   “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española.” Este artículo establece el derecho  del   acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Una   reforma profunda, requeriría elevar ese derecho a la categoría de derecho fundamental, con un reconocimiento explicito en la Constitución,   ya sea de forma autónoma o vinculado al derecho  a la información.  

 La transparencia  debe se entendida como derecho a saber, a acceder a toda la información socialmente disponible, tanto pública como privada, y a conocer la verdad de los hechos. Está vinculada al  derecho a la información,   recogido en el artículo 20 de la CE, pero va más allá del mismo.

 El derecho a la  transparencia, debe   ponerse en pie de igualdad con otros derechos fundamentales, con los que puede colisionar, tal como el  derecho al honor, a la  intimidad personal y a la propia imagen. No se puede reducir la transparencia, en ningún caso, al ámbito de lo público, ya que la falta de transparencia es generalizada en la sociedad. 

En cuanto al  ámbito de aplicación  previsto en el texto propuesto,  se excluye del mismo a la monarquía, a la justicia, al congreso y el senado,  a los partidos políticos, sindicatos  y  asociaciones empresariales, a los bancos intervenidos, o que reciben ayudas públicas,  y a las empresas con participación estatal menor del 50%, a pesar de su carácter público.

El proyecto, limita el acceso a la   información a la que se puede acceder. Excluye toda información que pueda perjudicar a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, así como la información que perjudique a la prevención, investigación y sanción de los actos ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Las excepciones están redactadas de forma genérica, vaga, permitiendo su  interpretación discrecional por los funcionarios y jueces. La Ley debiera estar basada en el principio de máxima divulgación, y estar sujeta a un sistema restringido de excepciones, cosa que no hace. Las excepciones deberían aplicarse solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público.
 
Las excepciones no pueden convertirse en la norma, y tal como está el proyecto, conociendo la opacidad política y funcionarial existente en España, es muy probable que  así sea.

En cuanto a la tramitación de la solicitud de información, se exige una identificación de la persona interesada, lo que resulta inadecuado, si la petición no se refiere a datos personales de otros ciudadanos, ya que la identificación puede dar lugar a represalias por parte de los funcionarios y políticos, sobre todo en los ayuntamientos.

Se  regula también un listado de causas de inadmisión de las solicitudes, que incluye  “información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.”

 En la práctica, se excluye del concepto de información a una gran variedad de documentos, que están en manos de la administración, y que son propiedad de todos. El texto contraviene el artículo 1.b del Convenio del consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que se  definen como “toda información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas”. El Convenio no hace diferencias entre los tipos de documentos.

La administración se sigue refugiando en el silencio administrativo, en no contestar a la petición, lo que es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar las denegaciones de información.

 Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso,  se podrá interponer una reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con carácter potestativo y previo a su  impugnación en vía contencioso- administrativa. Esta agencia, de nueva creación, estaría  adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y su objeto es la promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del derecho de acceso a la información así como la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado.

 El Presidente de la Agencia sería  nombrado por un período de cuatro años, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,  previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podría vetar el nombramiento

Esta Agencia no será  independiente. El PP tiene mayoría absoluta, y  ya tenemos la  experiencia del uso partidista de  TVE, como ejemplo de su política  sectaria. Lo razonable es que sea una agencia independiente  y que su   director sea nombrado y cesado por el Congreso, por  una mayoría cualificada.

En resumen,  el proyecto de ley  impulsado por el Partido Popular, de ser aprobado como está actualmente, se convertirá en una ley más, con un impacto limitado, y no permitirá avanzar hacia una democracia de calidad, donde la transparencia de la actividad pública y privada sea un derecho fundamental de los ciudadanos, y un instrumento para luchar contra el poder arbitrario y la corrupción.



viernes, 25 de mayo de 2012

LA CRISIS Y LA POLITICA DEL GOBIERNO

Transcurridos varios meses desde las elecciones, la actuación del gobierno del PP, claramente contraria a sus promesas electorales, pone de manifiesto el fraude llevado a cabo en las mismas.

La situación  económica, política y social, se degrada  cada día que pasa. El paro, tanto el registrado en las oficinas de empleo, como el detectado en las encuestas de población activa, sigue aumentando. También el número de personas y familias sin ningún tipo de ingreso.

Los que aún conservan el empleo sufren una caída de los salarios, que les dificultan el pago de las deudas contraídas, fundamentalmente las hipotecas de las viviendas, aumentando la morosidad y los desahucios.

La crisis provocada por el endeudamiento de las empresa y de las familias, al calor de la burbuja  inmobiliaria, crisis provocada por los bancos, y el sistema de crédito capitalista, tiene pocas salidas, si lo que se pretende es volver a la situación anterior.

La existencia de la moneda única, la especulación  con los títulos de deuda pública, la política de austeridad a ultranza y los intereses contradictorios entre los países de la Unión Europea, hacen difícil vislumbrar una mejora de la situación.

Las promesas de futuro  de los  gobernantes, y de la oposición socialdemocrata, están ligadas a una vuelta al crecimiento, a la situación previa, que la mayoría de la población, acrítica con el sistema, añora.

Un crecimiento que se vincula a un aumento de las exportaciones, a la mejora de la competitividad, que se conseguiría mediante un descenso brutal de los salarios de los trabajadores.

Rechazamos esta visión de la crisis y apostamos por una política de cambio efectiva. Por reformas que de verdad se merezcan ese nombre.

Una política que tenga  como ejes fundamentales, en estos momentos,  los siguientes:

1. Una reforma fiscal justa, combatiendo el fraude fiscal , y aumentando la presión sobre el capital y las rentas altas, la única alternativa al endeudamiento.  Al mismo tiempo, debemos exigir a la UE medidas efectivas para combatir la especulación con la deuda pública española. Si los países de la UE que están en mejores condiciones no asumen sus responsabilidades, de ayuda a los más débiles, somos partidarios de replantear nuestra pertenencia a la misma.

2. Un reparto del empleo, acabar con las horas extras, y disminuir la jornada laboral, de tal forma que aumente el numero de personas con trabajo.

3. Garantizar una renta mínima a las personas sin empleo, así como el mantenimiento de las prestaciones de los servicios públicos.


4. Solucionar el problema de las personas que no pueden afrontar el pago de la deuda hipotecaria para la vivienda habitual. Somos partidarios de  que se pueda saldar la deuda devolviendo la vivienda, y/o que el Estado establezca una cancelación de la deuda que sobrepase el precio de mercado de la vivienda.

5. La oposición a la nacionalización de las perdidas de los bancos, y la utilización de esos recursos  para financiar las ayudas a los desempleados. Rechazamos que España aumente el gasto público para salvar a los accionistas de los bancos, y que la garantía de los depósitos sea responsabilidad del estado.

6. La retirada de toda la legislación  impuesta por el PP


7. El impulso de una verdadera  Ley de Transparencia, que permita luchar con eficacia contra las mentiras y la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad.

8. La reforma electoral, la convocatoria de nuevas elecciones generales y un referendum para decidir  la salida de la unión monetaria

miércoles, 4 de enero de 2012

LOS RESULTADOS ELECTORALES Y EL NUEVO GOBIERNO

El pasado 20 de Noviembre se celebraron las elecciones generales en España. 

De un censo de 34.952.313 personas, acudieron a votar 24.590.557, un 71.69%. Hubo un aumento de la abstención, del voto en blanco y del voto nulo.

El partido Popular obtuvo 10.830.693 votos. Esto representa un 30. 95 % del censo y un 44.62 % del total de votos emitidos.

Con estos resultados el PP obtuvo mayoría absoluta en el congreso y en el senado, y ha empezado a gobernar.

Estos resultados ponen de manifiesto el anti democrático sistema electoral español.

Un fraude, un gobierno ilegitimo, cuyas primeras medidas ponen de manifiesto el papel de los programas electorales. 

Engañar a los ciudadanos ingenuos  que se creen las promesas que los partidos del sistema les hacen. 

Ante esta situación solo cabe la movilización ciudadana, por una democracia real y en contra las élites políticas y económicas.

viernes, 23 de septiembre de 2011

CONTRA LA FARSA DEL 20N. ABSTENCIÓN ACTIVA.BÓTALOS

El  próximo 20 de Noviembre se celebran elecciones generales en España. Por primera vez, desde el inicio de la democracia, los partidos minoritarios tendrán que recoger avales del 0.1% del censo electoral para poder presentar candidaturas. 

Reiteramos nuestra opinión de que este requisito es un golpe a la democracia, impulsado por el PSOE y el PP, con el objeto de ahogar las voces criticas y apuntalar el   régimen corrupto que sufrimos.

No satisfechos con la financiación publica de que disponen, y de la que no dan la más mínima explicación, de las donaciones ilegales y comisiones, y con el acceso privilegiado a los medios de comunicación, pretenden acabar con toda muestra de discrepancia.

No consideramos  legítimos los resultados que surjan de estas elecciones. Unas elecciones, donde la participación se esgrimirá como una aval a la política  que están llevando  a cabo. Una política dirigida a desmantelar el sector público, y recomponer la tasa de ganancia de la clase empresarial. 

No participaremos  en esta farsa y llamamos a los ciudadanos a no acudir a votar. 

La única posibilidad de frenar sus políticas es la movilización en la calle. Es aquí donde es imprescindible la unidad de las fuerzas políticas  alternativas. Unidad que no se ha querido en el terreno electoral.

Hacer creer a los ciudadanos que las elecciones van a servir para mejorar la situación económica es un error.


La desesperación popular, en este escenario de bipartidismo, desplazará el voto a la derecha más rancia, y solo servirán para legitimar medidas aún más antipopulares.

Contra la farsa democrática, abstención. No les votes.Bótalos