viernes, 29 de septiembre de 2017

SOBRE LA CUESTIÓN CATALANA

COMUNICADO DE PERSONAS, PARTIDOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
Primero. La convocatoria no es transparente. Hecha mediante una “ley de referéndum” elaborada en secreto y a espaldas del Parlament. Aprobada a última hora, y sin tiempo para un debate sosegado que permita expresarse a todas las opciones en condiciones de igualdad.
Segundo. No establece un mínimo de participación. Pero se pretende que el resultado sea válido con solo un voto de diferencia, pudiendo hacer una declaración unilateral de independencia en 48 horas, sin el apoyo de una mayoría de la población catalana. A pocas semanas del 1-O no hay un censo oficial, lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades.
Tercero. Se ha relegado y marginado a las fuerzas políticas de la oposición. Sustrayendo los más básicos derechos democráticos a los miembros del Parlament, cambiando el reglamento, acortando los tiempos e impidiendo el derecho a enmienda y el debate parlamentario. Y esto se hace utilizando una mayoría parlamentaria que no se corresponde ni con el 50% de los votos.
Cuarto. Han aprobado de forma “exprés”, en un solo día, tanto la “ley de referéndum” como las llamadas “leyes de desconexión”. Decisiones de transcendencia vital para toda la ciudadanía de Cataluña y las generaciones futuras pueden ser ejecutadas en cuestión de horas. No buscan que el pueblo catalán decida libre y conscientemente, sino una declaración unilateral de independencia.
Y quinto. El 1-O es una convocatoria unilateral. Puigdemont y su Govern dicen que actúan en nombre de la mayoría de la sociedad catalana, pero las fuerzas en las que se apoyan no representan más que el 36% del censo electoral.
Cualquier demócrata, sea cual sea su posición ante la independencia, debe rechazar esta convocatoria, impropia de una democracia y tramposa.
Por todo ello, los y las abajo firmantes, personas de izquierdas, de variada adscripción ideológica y de distintas culturas políticas, que hemos luchado por las libertades contra el franquismo, contra el terrorismo y contra la guerra, por los derechos de las mujeres y de las minorias sociales, y ahora contra los recortes, la corrupción y que rechazamos las políticas del gobierno de Rajoy, y con el convencimiento de que es posible un futuro común, libremente elegido, en el marco de un España plural donde estén reconocidas todas las identidades de los pueblos que la integran:
Rechazamos el 1-O como una estafa antidemocrática. Y llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña.

LOS FIRMANTES

Son un total de 367 firmantes, clasificados de la siguiente manera: 42 activistas, 17 sindicalistas, 29 profesionales de la Educación, 9 de la Sanidad, 4 periodistas, 13 autónomos, 37 profesionales de otras profesiones, 36 trabajadores, 40 jubilados y 22 ciudadanos. También firman 60 organizaciones.
Entre los profesionales destacados que han firmado el manifiesto se encuentran:
Isabel Coixet (directora de cine), Javier Mariscal (diseñador), Juan Marsé (escritor), Mónica Randall (actriz), Julieta Serrano (actriz), Rosa María Sarda (actriz), Javier Marías (escritor y miembro de la RAE), Ignacio Martínez Pisón (escritor), Victoria Camps (catedrática de Filosofía de la UAB), Victoria Abellán (catedrática Emérita de Derecho de la UB), José Luis Guerín (director de cine), Félix Ovejero (escritor), Carlos Jiménez Villarejo (ex-fiscal anticorrupción de Catalunya), Antonio Doñate (ex-Presidente de la Audiencia de Barcelona y fundador de Jueces para la Democracia), José Antonio Gimbernat (filósofo), Antonina Rodrigo (escritora), Jordi Grau (director de cine), Lidia Falcón (abogada y presidenta del Partido Feminista), Joaquín Oristrell (director de cine), Esteban Maroto (dibujante), Nazario (dibujante), Concha García (poeta), Ricardo Cano Gaviria (escritor), Rosa Lentini (escritora), Federico Gallego Ripoll (poeta), José Enrique Martínez Lapuente (escritor), Montserrat Pratdesaba - Big Mama Montse - (cantante), Pilar Royo (historiadora), Carmen López (editora), Anna Estany (catedrática), Cristian Martí-Menzel (agente literario), Miguel Riera (editor), Paco Frutos (exsec gral PCE), Prudencio Comenero (sec gral Sección Comunicaciones UGT Catalunya), Toni Brull (concejal del PSC del Ayuntamiento de Salou), Andreu Crespi (ex-sec gral PSOE Baleares), José Asensi (miembro Ejecutiva PSPV)Rosa Montero (escritora), Juan José Millás (escritor), Fernando Colomo (director de cine), José Luis Alcaine (director de fotografía), Juan Madrid (escritor), Juan Torres (economista), Manuel Galiana (actor), Manuel Rico (escritor), Marisa Paredes (actriz), Miguel Rios (músico), Cristina Almeida (abogada), Vicente Molina Foix (escritor), Vicente Verdú (escritor), Antonio Zarco (pintor), Benjamín Forcano (teólogo), Fanny Rubio (escritora), Fermín Cabal (dramaturgo), Jorge Eines (director de teatro y maestro de actores), Julio Rodríguez (economista), Felicísimo Valbuena (catedrático Emérito de Ciencias de la Información UCM), Iona Zlotescu (investigadora literar

miércoles, 18 de febrero de 2015

LA CUESTIÓN CANARIA:AUTOGOBIERNO Y TRANSPARENCIA

Canarias tiene una situación política singular dentro del Estado Español, reconocida en la Constitución y en las leyes. También en los tratados europeos.

Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, el menosprecio a nuestras  instituciones representativas marca la política española y europea.

Las últimas decisiones sobre los sondeos petrolíferos, el REF, y la privatización de los aeropuertos, son un botón de muestras.  

La crisis económica, la política del PP, y la insuficiente financiación estatal,  han provocado un aumento del desempleo, del deterioro de los  servicios públicos y de  la exclusión social, lo que  que supone un sufrimiento indescriptible de los sectores populares.

Todo ello acompañado de un enriquecimiento de las élites económicas y políticas, con unos niveles de corrupción escandalosos, y un sistema electoral con unos  topes inexistentes en otras comunidades, y en otros países de nuestro entorno.

La lucha por el auto gobierno, la democracia, y la transparencia,  no puede separarse de la lucha contra las injusticias sociales. 

El futuro de Canarias no puede depender exclusivamente de las decisiones españolas y europeas, como viene sucediendo hasta ahora. Dos millones de habitantes perdidos en el Atlántico importan poco a los de fuera.

Tampoco parece importarle a nuestras élites económicas y políticas, salvo honrosas excepciones.

Somos partidarios del  mayor autogobierno posible, en el marco del Estado Español y de  la Unión Europea.

Entendemos el autogobierno no sólo como un asunto político administrativo. 

También como una política económica que aproveche nuestras potencialidades económicas, y nos haga menos dependientes del exterior, en el terreno agro alimentario, energético e industrial. Se puede y se deben sustituir importaciones, lo que supone luchar contra los que controlan el negocio importador. 

Estaremos en las próximas elecciones con quienes defiendan estas cuestiones,  además de la transparencia y la defensa de nuestro medio ambiente.




miércoles, 12 de noviembre de 2014

SOBRE PODEMOS

Ante la  reciente Asamblea de Podemos, sus resoluciones y el proceso de constitución de sus órganos, queremos hacer las siguientes consideraciones:

1.Saludamos el ideario aprobado: la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la participación. Este es nuestro ideario.Consideramos que son las bases ideológicas que pueden permitir la construcción un movimiento amplio de unidad.

2.Sin embargo,  el código ético aprobado es un retroceso, en relación con las promesas iniciales. Podemos ha dejado de ser un movimiento político, un marco unitario, y se ha convertido en un partido más, con el que queremos mantener relaciones fraternales.

3.Consideramos desafortunada la limitación de los derechos de los inscritos que pertenezcan  a otras organizaciones, a estar presentes en los órganos de Podemos.  Una medida contraria a la igualdad,  de difícil encaje en la Constitución y en las leyes. 

4.Por otra parte, el reglamento  de constitución de  los órganos, excluye, en la practica, las posibilidades de los candidatos que no sean presentados por el grupo ganador de la asamblea. 

El sistema mayoritario aprobado constituye un golpe a la democracia  interna.

Los reglamentos de las elecciones a los órganos podrían haber decidido una limitación del número de candidatos presentados por cada equipo, o de candidatos a votar, tal como ocurre con las elecciones al Senado, pero no lo hacen. 

5.En  Canarias,  la dispersión geográfica. las barreras electorales, el insularismo, la fragmentación y desigual implantación de las organizaciones populares, hacen imprescindible la unidad en las elecciones a autonómicas. 

6.Somos partidarios de que Podemos, por estar en mejores condiciones que otros,  impulse esa unidad, ya sea mediante coaliciones electorales, u otras fórmulas jurídicas, posibilidad que no se excluye en los documentos aprobados. Si se antepone el interés de la marca a la unidad,  se desaprovechará una oportunidad histórica. 

7.Recomendamos a nuestros amigos y simpatizantes,  participar, preferiblemente, y  a titulo personal,  en  iniciativas unitarias, de ciudadanos y organizaciones, impulsando la lucha en defensa de la transparencia, la ecología política y la equidad.

Los Promotores

lunes, 13 de octubre de 2014

PROSPECCIONES PETROLÍFERAS:CANARIAS DEBE DECIDIR

Mediante el Decreto 107/2014, de 2 de Octubre, el Presidente del Gobierno de Canarias ha convocado a la ciudadanía , a participar en una consulta sobre las prospecciones petrolíferas, el próximo día 23 de Noviembre.

La consulta se hace al amparo de la Ley 5/2010, canaria, de Fomento de la Participación Ciudadana y del Decreto 95/2014, del Gobierno de Canarias, que regula las consultas de interés general.

La pregunta que se hace a los ciudadanos es la siguiente: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? "

La consulta es una respuesta a la política de hechos consumados del Gobierno Español, autorizando las prospecciones en aguas canarias, y despreciando la opinión mayoritaria de nuestras  administraciones y de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales.

La pregunta no es clara. No se pregunta DIRECTAMENTE a los canarios/as si se quiere o no la explotación del petróleo que pueda existir, sino sobre la repercusión sobre un modelo medioambiental y turístico, que deja mucho que desear, Y QUE HA DEGRADADO NUESTRAS COSTAS.

Se justifica la misma en ajustarla a las competencias estatutarias, ya que las aguas territoriales son competencias del estado.

Defendemos la competencia de Canarias sobre dichas aguas, mediante los  cambios constitucionales precisos, que permitan un reconocimiento internacional de esa competencia.

Es justo que Canarias tenga esa competencia y compartimos la opinión contraria a las prospecciones de la mayoría de los ciudadanos de nuestra tierra.

A pesar de los inconvenientes apuntados, la consulta sirve de instrumento para la movilización social, y expresar el rechazo a la actitud del gobierno central y a los intereses económicos que defiende.

Por ese motivo, llamamos a participar en la consulta y a votar NO el próximo 23 de Noviembre.

En caso de ser suspendida la misma por el Tribunal Constitucional, apoyamos convertir esa fecha en una movilización general, en contra las prospecciones y a favor del autogobierno.

LOS PROMOTORES


domingo, 12 de octubre de 2014

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CANARIAS



El pasado día 6 de  Agosto,  se publicó, en el boletín Oficial del Parlamento de Canarias, el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información  Pública de Canarias, para su tramitación.

De su lectura, se constata que no hay  novedades, ni mejoras,  en relación con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de ámbito  estatal.

Una ley que no recoge las aspiraciones del movimiento por la transparencia,  ni de los organismos internacionales, destacando, en ese sentido, el informe negativo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. 

La  transparencia  está ineludiblemente  vinculado al propio concepto de democracia, y debe permitir a los ciudadanos una comprensión ilustrada de las decisiones públicas, un control de la agenda política y una participación efectiva.

 Sin transparencia, la democracia representativa deja de ser democracia, se convierte en una farsa, al servicio de elites políticas y burocráticas, que se reparten el poder en  base a negociaciones particulares.

La Ley 19/2013, y el proyecto de ley de canarias, se fundamentan en el artículo 105 b) de la Constitución Española, que no es un derecho fundamental.

 Este artículo establece el derecho  de   acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

La transparencia  debe ser entendida como el derecho a saber, a acceder a toda la información socialmente disponible, tanto pública como privada, y a conocer la verdad de los hechos.

Se requiere que la transparencia  sea un derecho fundamental, con un reconocimiento explicito en la Constitución.

 El derecho a la  transparencia, debe   ponerse en pie de igualdad con otros derechos fundamentales, con los que puede colisionar, tal como el  derecho al honor, a la  intimidad personal y a la propia imagen.

 No se puede reducir la transparencia, en ningún caso, al ámbito de lo público, ya que la falta de transparencia es generalizada en la sociedad. 

Nada impide que el Parlamento de Canarias fundamente la Ley Canaria en el  derecho a la información, que si es un derecho fundamental,  pero no lo hace.

El proyecto, igual que la Ley 19/2013,  limita  la   información a la que se puede acceder. Así,  excluye toda información que suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.

Las excepciones están redactadas de forma genérica, vaga, permitiendo su  interpretación discrecional por los funcionarios y jueces.

 La Ley debiera estar basada en el principio de máxima divulgación, y estar sujeta a un sistema restringido de excepciones, cosa que no hace.

Las excepciones deberían aplicarse solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público.
 
Las excepciones no pueden convertirse en la norma, y tal como está el proyecto canario (copiado íntegramente de la ley estatal), y  conociendo la opacidad política y funcionarial existente en Canarias, es muy probable que  así sea.

En cuanto a la tramitación de la solicitud, se exige una identificación de la persona interesada, lo que resulta inadecuado, si la petición no se refiere a datos personales de otros ciudadanos, ya que la identificación puede dar lugar a represalias por parte de los funcionarios y políticos.

Se  regula también un listado de causas de inadmisión de las solicitudes, que incluye  “información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.”

 En la práctica, se excluye del concepto de información a una gran variedad de documentos, que están en manos de la administración, y que son propiedad de todos.

El texto contraviene el artículo 1.b del Convenio del consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que se  definen como “toda información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas”. El Convenio no hace diferencias entre los tipos de documentos, pero si se hace en la Ley 19/2013 y en el proyecto canario.

La administración se sigue refugiando en el silencio administrativo, lo que es completamente incompatible con el principio de publicidad, y con la obligación de motivar las denegaciones de información.

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso,  se podrá interponer una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  con carácter potestativo y previo a su  impugnación en vía contencioso- administrativa.

El comisionado será elegido por el Parlamento de Canarias, pero no se requiere una mayoría cualificada, por lo que no se garantiza su independencia. Un cargo más que se repartirán ente los dos partidos que gobiernen.

 En resumen,  el proyecto de ley  impulsado por Coalición Canaria y el PSOE,  se convertirá en una ley más, con un impacto limitado, y no facilita avanzar hacia una democracia de calidad, donde la transparencia de la actividad pública y privada sea un derecho fundamental de los ciudadanos, y un instrumento para luchar contra el poder arbitrario y la corrupción.

Ruperto Matas Gutiérrez
Presidente de la Asociación Transparencia y Libertad